Mucho se viene hablando en los últimos tres años sobre cambios en la matriz productiva de la provincia de Jujuy impulsados por el actual Gobierno Provincial.

Más allá del grado de avance de esos tan publicitados cambios, lo cierto hoy es que éstos son aún promesas que podrían convertirse en realidad solo si el Gobierno logra concretar y poner en marcha algunos de sus principales proyectos.

Particularmente, nos referimos a:

La generación de energía solar con el proyecto Cauchari.
La extracción de litio y su posterior aplicación en la fabricación de baterías.
El cultivo de cannabis con fines medicinales.
El desarrollo de tecnología Big Data.
Cuando analizamos particularmente cada proyecto de Gobierno, nos surge el interrogante de qué tan distinto podría ser el escenario si la política tributaria acompañara a la económica y ésta, a la gestión de gobierno.

Ello así porque desde hace tiempo que la provincia de Jujuy padece seriamente por la falta total de política tributaria, cuestión que debilita en gran medida a una cada vez más anémica política económica provincial, alejándola del desarrollo sustentable como objetivo macro al cual contribuir para retroalimentarse con una mayor recaudación en los tiempos de bonanza.

Es cierto que el Consenso Fiscal[i] marcó la cancha para las jurisdicciones provinciales (Jujuy inclusive) en cuanto a la reducción de alícuotas como compromiso asumido pero, en rigor, pareciera que se trata más de una cuestión de responsabilidad fiscal que de política tributaria.

Igualmente sería conveniente repasar algunos hechos puntuales:

El impuesto sobre los ingresos brutos y el impuesto de sellos son los principales tributos provinciales en términos de recaudación, representando ambos el 93% de lo recaudado por el fisco provincial en el ejercicio fiscal 2018[ii]. Asimismo, el 60% de la recaudación tributaria ingresa en forma indirecta, vía mecanismos anticipados (agentes de retención, de percepción y de recaudación bancaria), pudiendo presentar un stock de saldos a favor de contribuyentes muy significativos y de difícil recupero.

Todo ello implica que el régimen tributario jujeño es distorsivo, regresivo y esencialmente recaudatorio (no regulatorio).

Nada nuevo se dice con esa descripción, pero habilita a preguntar qué medidas de índole tributaria se tomaron para intentar corregir, o al menos atemperar, las distorsiones, excesos y regresividad del régimen jujeño.

Y entonces deberá asimilarse respuestas que no son las deseadas.

No se implementaron en los últimos años medidas de incentivo fiscal, a excepción de la Ley 5.922 (2016) de Promoción de Inversiones y muy recientemente, de la Ley 6.132[iii] (2019) de Promoción de Actividades de Big Data.

En efecto, la Ley de Promoción de Inversiones, calificada pretensiosamente como “la mejor ley de fomento del país”, ha sido un fracaso rotundo ya que muy pocas empresas han sido beneficiadas, solo unas dieciocho (18)[iv] que no se tratan en realidad de nuevos emprendimientos sino de reformulación de actividades para acceder a los beneficios por parte de empresas instaladas desde hace muchos años en Jujuy. Incluso el monto promocionado es exiguo, ya que apenas asciende a casi pesos doscientos cincuenta mil ($ 250.000) según el gasto tributario expresado en el presupuesto estatal del período 2019[v].

Respecto de los incentivos de la Ley de Promoción de actividades de Big Data, éstos se refieren a exenciones y diferimientos en el impuesto sobre los ingresos brutos, como así también exenciones en el impuesto de sellos para las empresas del rubro que se radiquen en la provincia de Jujuy y que se inscriban en un registro ad hoc creado por ley.

Como fuere, hoy los principales incentivos fiscales son de antigua data: los de la Ley 5.290 (2002) de Promoción de Inversiones Mineras y los de la Ley 5.428 (2004) de Fomento y Promoción del Desarrollo Turístico que suponen más de pesos ciento treinta millones ($ 130.000.000) de gasto tributario en el presupuesto.

Tampoco se implementaron verdaderas medidas de alivio fiscal que habrían resultado óptimas en los últimos tiempos para los maltrechos contribuyentes provinciales.

El adjetivo “verdaderas” viene a colación de que se implementaron apenas un plan de pagos de carácter transitorio de casi nula adhesión y un régimen especial de regularización de deudas con condonación parcial de intereses, en los que por esa testaruda y nefasta exigencia de un anticipo inmediato y de una calificación de riesgo inoportuna por parte del fisco provincial, terminaron por mejorar la financiación de quienes no la necesitaban o tenían “mayores espaldas financieras”, perjudicando gravemente a los contribuyentes más necesitados.

Para completar un cuadro dantesco, las acciones de recupero de deuda del fisco se tornaron más agresivas, masificándose las fiscalizaciones presenciales, los sumarios por multas automáticas, las intimaciones y la emisión de títulos ejecutivos, sin la debida inteligencia fiscal ni el timing necesario para no perjudicar la economía desde lo fiscal.

Retomando la cuestión de la matriz productiva, el Producto Bruto Geográfico Jujeño exhibe la siguiente conformación[vi], según los datos disponibles más recientes:

La falta de política tributaria resulta evidente al advertirse que no existen tratamientos impositivos especiales o privilegiados para las actividades que Gobierno Provincial intenta promover para las actividades de generación de energía solar (u otras formas limpias), la extracción de litio para la fabricación de baterías y el cultivo de cannabis con fines medicinales. Tampoco tienen tratamiento especial otras actividades que el Gobierno promueve, aunque en menor medida, como el turismo o la disposición final y sustentable de residuos, etc.

Los tratamientos impositivos en general, en cuanto alícuotas o beneficios fiscales corresponden a los compromisos asumidos en el marco del Consenso Fiscal.

De lo expuesto cabe concluir que el Gobierno Provincial no tiene interés en la política tributaria como elemento facilitador de desarrollo económico, ni siquiera por el caudal recaudatorio de fondos, directo o indirecto, que pudiera proveerle para la atención de su presupuesto.

De suyo, sus mayores ingresos provienen hoy de su endeudamiento o de fuentes de jurisdicción nacional (vía coparticipación federal de impuestos o transferencias del Tesoro Nacional).

En cuanto a la deuda pública de la Provincia, el presupuesto 2019 advierte que la deuda a tomar es muy significativa y equivalente al 8,5% del total del gasto público provincial del ejercicio, existiendo además un stock muy importante y en una moneda volátil como es hoy el dólar estadounidense. Inclusive, la legislatura provincial autorizó nuevos endeudamientos por un monto total de 75 millones de dólares estadounidenses.

Y en lo que se refiere a los ingresos de jurisdicción nacional, estos representan el 86%, en tanto que apenas el 14% corresponde a los recursos de jurisdicción provincial, según datos oficiales[i] recientes, participación que viene decreciendo paulatinamente.

La decisión de privilegiarse unas fuentes sobre otras es, en definitiva, una decisión de política económica del Gobierno. Lo criticable es que esa decisión resta autonomía y margen de maniobra a las políticas provinciales, provocando además un desincentivo a la recaudación propia, al control de la evasión y la informalidad locales e, incluso, la expansión irresponsable del gasto público que agrega cuota local a la presión inflacionaria. Quizás estas consecuencias no sean de exclusiva responsabilidad de la provincia ya que en el actual esquema de federalismo existe una falta de correspondencia fiscal de gran magnitud entre los gastos descentralizados en las provincias y los recursos centralizados en la Nación, pero es imposible no objetar la tibieza del gobierno en la subordinación y allanamiento incondicional a la política económica nacional, evitando tomar decisiones estratégicas para el desarrollo económico desde lo fiscal.

El escenario luce hoy nocivo, indudablemente, pero podría evitarse con solo utilizar de manera eficiente la política tributaria como eje para el desarrollo económico, propiciando a través de la fiscalidad mercados locales competitivos regional e internacionalmente, con menores distorsiones económicas, con menor presión tributaria y regresividad, y con una rentabilidad que asegure retornos atractivos a quienes inviertan en la provincia.-