En Argentina, aquel viejo axioma del Derecho Romano «pacta sunt servanda» que postula que los pactos deben honrarse, pareciera no cumplirse, por lo menos en los últimos treinta años. Inclusive cuando es el propio Estado, en cualquiera de sus dimensiones y formas, quien asume la calidad de parte.

Cito como ejemplos a los Pactos Fiscales I y II de principios de la década del 90 por los devastadores efectos sobre la economía doméstica.

El incumplimiento de aquellos pactos, en materia de impuestos provinciales, provocó un conjunto de políticas fiscales nefastas, particularmente en el impuesto sobre los ingresos brutos como principal tributo de las provincias, que representa un 75% de los ingresos de propia jurisdicción.

Esas políticas fueron:

-La eliminación de exenciones a los sectores primario e industrial.

– La proliferación de los sistemas de recaudación anticipada a partir de la generalización de agentes de retención, percepción, bancarización, establecimiento de pagos a cuenta por transporte de mercaderías.

– El aumentos de alícuotas y montos mínimos de impuesto.

– El agravamiento de alícuotas para determinados niveles de facturación.

– El establecimiento de las denominadas «aduanas interiores».

Y, el mantenimiento de procedimientos burocratizados en exceso para la devolución de saldos a favor de los contribuyentes y para la obtención de constancias de no retención y percepción.

Ese conjunto de políticas nocivas ha sido entonces la principal causa por la cual el peso relativo del impuesto sobre los ingresos brutos sobre el producto bruto interno se ha incrementado continuamente hasta porcentajes insospechados.

En efecto, en 1.966 ingresos brutos representaba el 0,4% del PBI, en tanto que en el 2016 ya representaba el 4%.

Hoy, pareciera que el Consenso Fiscal suscripto entre la Nación y gran parte de las jurisdicciones provinciales, podría sumarse a la lista de compromisos incumplidos.

En el 2018, a menos de un año de la firma del Consenso, el Gobierno Nacional y dieciocho provincias suscribieron una addenda mediante la cual acordaron, por un lado, suspender la cláusula II punto q del convenio, permitiendo incrementos en el impuesto sobre los bienes personales y, por otro lado, posponer por un año el cronograma de reducción de alícuotas en el impuesto de sellos.

Ya en el 2019, luego de los procesos eleccionarios pero siempre por lo bajo, algunos gobernadores esbozaron la posibilidad de posponer el cronograma de reducción de alícuotas para el impuesto sobre los ingresos brutos. Y muy recientemente, el principal candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, manifestó públicamente que reclamará una revisión del consenso.

No se trata de una voz más si se tiene en cuenta que Buenos Aires es una de las provincias más importantes en superficie, población, desarrollo social, nivel de actividad económica, recaudación, coparticipación, entre otros.

El Consenso Fiscal fue una buena herramienta. Propició un escenario con una mayor cuota de concertación en el federalismo e inició la mutación de un impuesto nocivo como ingresos brutos hacia otro, técnicamente más eficiente, como el impuesto a las ventas. Pero los resultados no fueron los esperados, con responsabilidades compartidas, quizás. Solo se redujo un 0,4% en términos de PBI la presión tributaria correspondiente a las provincias, baja que fue compensada por mayores transferencias de la Nación.

Serán entonces la política y el nuevo mapa de poder los que determinarán el pollice verso del Consenso Fiscal en el 2020.

Ojalá que por lo menos este fracaso a la hora de honrar pactos por parte del Estado, sirva para agregar a la mesa de discusión fiscal del país federal que anhelamos, la necesidad de una nueva ley de coparticipación, de un nuevo convenio multilateral y de revertir la falla en la correspondencia fiscal entre ingresos y gastos públicos.

Diego Andrés Colazo
Contador Público Nacional UNJu
Especialista en Tributación UNSa